Artículo de investigación
La reciente detención del exdirector de PDVSA, Pedro Tellechea, hace recordar todo el carrusel de escándalos y de corrupción que rodea a Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresa estatal venezolana que ha sido desfalcada, según numerosas investigaciones periodísticas, por más de $20.000 millones de dólares, producto de exportaciones petroleras no cobradas. Este desfalco ha sido posible gracias a una planificación cuidadosa, ejecutada bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro, quien desmanteló los controles internos y promulgó la Ley Antibloqueo para facilitar la operación.
El escándalo de corrupción en PDVSA, que salió a la luz en 2023, reveló la desaparición de miles de millones de dólares, tantos, que se dice que el dinero robado es dos veces el presupuesto general de la nación. Este fraude, que involucra a altos funcionarios del gobierno y empresas de maletín, ha sido considerado uno de los mayores en la historia de la petrolera estatal. El origen del robo se vincula con ventas de petróleo no pagadas y desviación de fondos a través de criptomonedas, utilizando la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
Tarek El Aissami y la planeación del robo de PDVSA
El exministro Tareck El Aissami y otros altos cargos, como Joselit Ramírez, fueron señalados por desviar millones a través de buques cargados de crudo que no fueron registrados de manera oficial. El testimonio de uno de los implicados reveló que este sistema corrupto se apoyaba en la compra de embarques de crudo mediante empresas en el extranjero, operando con órdenes directas de El Aissami. Estas prácticas fueron facilitadas por la Ley Antibloqueo, que permitía la creación de mecanismos financieros menos transparentes bajo el pretexto de sortear las sanciones internacionales. Los fondos desviados, además de ser transformados en criptomonedas, fueron transportados en efectivo y oro al exterior
La desaparición de la flota de barcos de PDVSA fue uno de los primeros pasos. Esto permitió justificar la contratación de tanqueros privados, registrados bajo banderas extranjeras, lo que abrió el espacio para desviar cargamentos de petróleo a aliados del régimen. A través de la Ley Antibloqueo, aprobada en octubre de 2020, Maduro derogó los controles sobre las ventas de petróleo, permitiendo que su cúpula operara sin rendir cuentas. El artículo 19 de dicha ley, redactado con un lenguaje deliberadamente ambiguo, otorgó a Maduro y a su ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, la libertad para realizar contratos con empresas dentro y fuera de Venezuela, sin supervisión alguna.
La Ley Antibloqueo que buscaba contrarrestar el impacto de las sanciones internacionales, terminó facilitando el desvío de recursos y el manejo opaco de las finanzas públicas. A través de esta ley, el gobierno podía manejar divisas y realizar transacciones con criptomonedas sin el escrutinio del Banco Central de Venezuela, lo que resultó en la pérdida de control sobre miles de millones de dólares.
La dimensión del desfalco
Nombrado como ministro de Petróleo en abril de 2020, Tareck El Aissami fue el hombre clave para ejecutar esta operación. Bajo su gestión, PDVSA se convirtió en un aparato que repartía barcos cargados de petróleo a militares, políticos y empresarios cercanos al régimen, a precios reducidos. Los nuevos operadores del negocio petrolero se beneficiaron de descuentos sustanciales bajo la condición de depositar parte del pago en cuentas en países como Rusia, China y Turquía, mientras que el resto debía entregarse en efectivo en Caracas, en maletas llenas de dólares.
La cifra robada es alarmante y se dice que es el equivalente a dos años del presupuesto nacional de Venezuela. El presupuesto de 2023, presentado por Delcy Rodríguez, ascendió a 11.500 millones de dólares, de los cuales el 78% estaba destinado a gasto social. En otras palabras, lo robado podría haber financiado dos años de salarios, dotación de hospitales, programas sociales y educación.
Según fuentes como Reuters, el monto estimado de 21.200 millones de dólares es equivalente al 84% del valor total de las facturas pendientes de cobro por envíos de petróleo desde 2020. Estos fondos pudieron haber cubierto salarios de hasta 6 años para un millón de empleados públicos en Venezuela. El descubrimiento de este escándalo condujo a la renuncia del ministro de petróleo y a una investigación masiva sobre la corrupción dentro de PDVSA y Sunacrip, además de varios arrestos
Este desfalco ha dejado a Venezuela aún más sumida en la pobreza, con un empobrecimiento estructural cada vez más evidente. Las familias venezolanas ya padecen las consecuencias: escasez de insumos médicos, falta de fondos para la educación y la incapacidad del Estado para garantizar servicios básicos. La sociedad venezolana está pagando el precio del saqueo, mientras que los responsables se esconden tras una red de impunidad.
