El 10 de diciembre, el gobierno de Trinidad y Tobago firmó una serie de acuerdos clave con Estados Unidos que incluyen el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) y el Acuerdo de Adquisición y Servicios Cruzados (ACSA). Estos acuerdos proporcionan el marco legal necesario para que las fuerzas estadounidenses puedan desplegarse en Trinidad y Tobago, especialmente en caso de un conflicto cercano, como el que podría surgir en Venezuela, cuyo punto más cercano está a tan solo unos pocos kilómetros de la isla.
El SOFA firmado establece que el personal militar estadounidense desplegado en Trinidad y Tobago gozará de inmunidad jurídica, y las tropas podrán portar armas y conducir vehículos en el país. Además, se facilita la interoperabilidad entre las fuerzas armadas de ambos países, lo que fortalece la cooperación en operaciones conjuntas y permite una rápida respuesta ante situaciones de emergencia. El nuevo acuerdo elimina la fecha de vencimiento y entrará en vigor el 1 de enero de 2025, garantizando la cooperación indefinida entre ambos países en materia de defensa.
Otro aspecto clave del acuerdo es el ACSA, que proporciona un marco para el intercambio de apoyo logístico y de suministros entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago, agilizando los procedimientos en situaciones de crisis. Aunque ambos acuerdos facilitan la presencia militar estadounidense, el gobierno de Trinidad y Tobago debe autorizar cualquier despliegue, lo que implica un control gubernamental sobre las acciones militares extranjeras dentro de su territorio.
La firma de estos acuerdos refleja el creciente interés de Estados Unidos por garantizar una mayor presencia militar en el Caribe y Sudamérica ante la creciente inestabilidad en Venezuela. De hecho, el despliegue de tropas estadounidenses en Trinidad y Tobago podría ser una respuesta a cualquier conflicto relacionado con Venezuela, dada la proximidad geográfica y las continuas tensiones en el país vecino. Venezuela ha sido escenario de una grave crisis política, económica y social bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, lo que ha llevado a una escalada en las presiones internacionales y regionales contra su gobierno.
Este acuerdo llega en un contexto de alta tensión en la región, especialmente entre Venezuela y Guyana, que también ha renovado su SOFA con Estados Unidos. El acuerdo firmado en 2006 ha permitido que las fuerzas estadounidenses en Guyana cuenten con inmunidades diplomáticas y la capacidad de operar en el país sin restricciones, incluidas la entrada y salida con identificaciones del gobierno de EE. UU., el uso de armas y uniformes militares, y la aceptación de licencias de conducir emitidas en EE. UU.
La relación entre Venezuela y Guyana se ha visto profundamente afectada por la disputa territorial sobre el Esequibo, una región rica en recursos naturales, cuya soberanía ha sido reclamada por ambos países durante décadas. En 2023, la situación se intensificó cuando el gobierno de Maduro propuso un referéndum para resolver la disputa y dio un ultimátum a las compañías petroleras que operaban en la zona, exigiendo que abandonaran sus operaciones. La respuesta de Guyana, apoyada por la comunidad internacional, ha sido firme en la defensa de su territorio, mientras que la presencia de tropas venezolanas cerca de la frontera ha elevado los temores de un conflicto armado.
A medida que la situación en Venezuela se agrava, Estados Unidos ha intensificado su enfoque hacia el régimen de Maduro. El gobierno de Joe Biden ha respaldado a la oposición venezolana y ha incrementado las sanciones contra funcionarios del gobierno de Maduro, incluidos miembros de la Guardia Nacional y de su gabinete. Estas sanciones se han centrado en aquellos que han sido responsables de actos represivos, como la detención de opositores y la represión de manifestaciones pacíficas.
En este escenario, los acuerdos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago, así como con Guyana, se ven como un paso estratégico para asegurar la estabilidad en el Caribe y Sudamérica frente a los riesgos derivados de la crisis venezolana. Ambos países han mostrado su disposición a cooperar con Estados Unidos en cuestiones de seguridad regional, ciberseguridad, energía y derechos humanos, lo que ha fortalecido los lazos bilaterales en el contexto de un entorno geopolítico cada vez más tenso.
Estados Unidos, por su parte, continúa ampliando su influencia en la región y consolidando alianzas con naciones clave en el Caribe, mientras refuerza sus esfuerzos para presionar al gobierno de Maduro y respaldar a la oposición venezolana en su lucha por la democracia.
