El gobierno de Estados Unidos ha anunciado una nueva ronda de sanciones contra varios funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, en un esfuerzo por aumentar la presión internacional sobre la dictadura venezolana y sus colaboradores. Esta medida busca castigar a aquellos que han socavado la voluntad popular de los venezolanos manifestada el pasado 28 de julio y que además, están involucrados en la represión, corrupción y violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Las sanciones implican la congelación de activos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras o comerciales con personas y entidades de EE. UU., aumentando así el aislamiento económico y diplomático de los sancionados.
Entre los afectados por estas nuevas sanciones se encuentran militares, miembros de las fuerzas de seguridad y altos funcionarios del régimen, quienes han jugado un papel clave en el mantenimiento de Maduro en el poder y en la represión de la oposición. Los sancionados son: Edward Miguel Briceño Cisneros, Asdrúbal José Brito Hernández, Dinorah Yoselín Bustamante Puerta, Luis Ernesto Duenez Reyes, Elio Ramón Estrada Paredes, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Rosalba Gil Pacheco, Malaquías Gil Rodríguez, Domingo Antonio Hernández Lárez, Johan Alexander Hernández Lárez, Juan Carlos Hidalgo Pandares, Pedro José Infante Aparicio, Fanny Beatriz Márquez Cordero, Antonio José Meneses Rodríguez, Miguel Antonio Muñoz Palacios y Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez.
Esta acción se enmarca en la política de «máxima presión» de Estados Unidos contra el régimen de Maduro, que busca restaurar la democracia y los derechos fundamentales en Venezuela. Estas sanciones no solo tienen el objetivo de limitar el poder de acción de los funcionarios sancionados, sino también de enviar un mensaje claro: la comunidad internacional no tolerará la impunidad de quienes contribuyen al sufrimiento del pueblo venezolano.
