Según documentos obtenidos por Bloomberg, el Departamento del Tesoro de EE.UU. está a punto de anunciar sanciones contra 15 funcionarios vinculados a Maduro, acusados de “obstruir la celebración de elecciones presidenciales libres y justas”. Las medidas, que podrían revelarse esta semana, buscan castigar a líderes clave que, según Washington, colaboraron con Maduro para manipular los resultados de los comicios del 28 de julio. La lista incluye a miembros de la autoridad electoral, el Tribunal Supremo, la Asamblea Nacional, y las agencias de inteligencia SEBIN y DGCIM.
En paralelo, el Departamento de Estado planea imponer restricciones de visa a 34 familiares de funcionarios del gobierno venezolano, según fuentes cercanas al asunto que prefirieron no ser identificadas. Estas acciones refuerzan la postura de EE.UU. de presionar al círculo cercano de Maduro, tras su proclamación como presidente por un tercer mandato consecutivo, a pesar de que los datos de la oposición sugieren que fue derrotado por un amplio margen.
Las protestas contra la presunta victoria de Maduro estallaron en Caracas y otras ciudades, desatando una feroz represión con más de 2.400 arrestos, incluyendo a más de 100 menores de edad, en uno de los episodios más violentos de los 11 años de mandato de Maduro. En respuesta, EE.UU. y otros países han expresado serias dudas sobre la legitimidad del recuento de votos y han instado al gobierno venezolano a publicar las cifras oficiales.
Entre los funcionarios en la mira de las nuevas sanciones se encuentran figuras prominentes del régimen, como el Ministro de Asuntos Exteriores, Yván Gil; el Gobernador del estado de Miranda y principal negociador de Maduro, Héctor Rodríguez; la Presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez; la Directora del Consejo Electoral, Rosalba Gil; y el Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante. También se prevé incluir a oficiales militares involucrados en la represión y tortura de disidentes.
Además de las sanciones individuales, EE.UU. prepara un paquete separado de medidas contra los principales financieros del régimen. Estas acciones subrayan la percepción de Washington de que Maduro y sus aliados han violado acuerdos previos con la oposición, destinados a garantizar elecciones más libres y transparentes.
La presión sobre el gobierno venezolano no se limita a sanciones. El Departamento de Justicia de EE.UU. confiscó recientemente un avión Dassault Falcon 900Ex, propiedad de Maduro, argumentando que fue adquirido y operado en violación de las sanciones estadounidenses. La aeronave, incautada inicialmente en la República Dominicana, fue trasladada a Florida, marcando un golpe simbólico y financiero contra el régimen.
Estas medidas reflejan un endurecimiento de la postura de EE.UU. ante un gobierno que sigue desafiando los llamados internacionales a respetar la voluntad popular y a cesar la represión. Aunque los planes aún pueden modificarse antes de su anuncio oficial, dejan claro que Washington no está dispuesto a tolerar más maniobras de Maduro para mantenerse en el poder a cualquier costo.
Con información de Bloomberg.
