El abogado venezolano Joel José Herdenez Vera, ha denunciado ante las autoridades competentes la desaparición de dos ciudadanos colombianos, quienes habrían sido detenidos arbitrariamente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Zulia. Según la denuncia presentada, los desaparecidos son Carmen Yalexy Picón León y Juan Camilo Vargas Picón, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE).
Los hechos ocurrieron el 10 de agosto de 2024, cuando Juan Camilo Vargas regresaba a Maracaibo tras visitar a su familia en Colombia. Al llegar al punto de control de la GNB en el Puente del Río Limón, municipio Mara del estado de Zulia, Vargas fue detenido por uniformados quienes le confiscaron su teléfono móvil y, supuestamente, descubrieron un «plan de magnicidio» contra el presidente Nicolás Maduro. Tras este incidente, Juan Camilo Vargas desapareció sin dejar rastro.
Preocupada por la desaparición de su sobrino, Carmen Yalexy Picón León, acompañada de otros familiares, se dirigieron al puesto de la GNB para obtener información. Sin embargo, esta acción resultó en la desaparición de todo el grupo familiar.
A pesar de que la denuncia fue llevada a la Fiscalía de Maracaibo y se utilizó el recurso de habeas corpus en los tribunales, los familiares no han recibido información oficial sobre el paradero de los desaparecidos.
De manera extraoficial, el abogado de la familia conoció que están bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, acusados de «magnicidio en grado de frustración», sin embargo, los familiares de los detenidos no han podido verlos ni verificar su estado de salud.
La denuncia subraya la violación de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad y las garantías judiciales, tal como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el «Pacto de San José».
Según Herdenez Vera, el caso se encuentra en una situación de completa indefensión, ya que los detenidos no han tenido acceso a abogados de su confianza y el defensor público asignado ha sido acusado de prevaricación por negarse a realizar las diligencias necesarias para demostrar su inocencia.
Este caso resalta la grave situación de derechos humanos en Venezuela y la preocupante práctica de desapariciones forzadas, que según la legislación internacional, constituyen crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, los familiares continúan exigiendo respuestas sobre el paradero y estado de los desaparecidos, así como justicia y el respeto a sus derechos fundamentales.
